Fuente: Familia - Entelinternet 

La Amazonía es una amplia región natural que se extiende de norte a sur, entre el macizo de las Guayanas y el escudo o macizo Brasileño, y de este a oeste, desde el océano Atlántico hasta la Cordillera de los Andes. Su enorme superficie, 7.000.000 km2, ocupa los territorios de Brasil, en su mayor parte, y en menor proporción los de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana Francesa.

Del total del Amazonas brasileño, el 24 % ya está en manos privadas - hacendados, cultivadores, etc. -, y cerca del 28 % lo constituyen reservas ambientales y tierras indígenas. Es decir, resta un 48 por ciento. Sobre ese porcentaje, se supondría que el gobierno brasileño estaría pretendiendo privatizar 50 millones de hectáreas.

Sin embargo, esta interpretación - que ha aparecido en los medios de comunicación - no refleja el propósito verdadero del proyecto gubernamental, que se basa en entregar tierras en "concesión" para la gestión forestal. Y es que la intención del gobierno de Brasil - según las reuniones mantenidas con Greenpeace y otras ONGs - es recuperar el control de las inmensas áreas de tierras públicas de la Amazonía que no poseen ningún tipo de protección.

Greenpeace considera que es un intento muy arriesgado de ordenar el acceso a los productos forestales y agrarios, y de establecer un control gubernamental en la región, algo que hasta ahora prácticamente no se ha visto.

Lo que plantea el proyecto

Específicamente, el proyecto del gobierno de Brasil, que preside Luiz Inácio da Silva, propone que una parte de la selva del Amazonas, estimada en 500 mil kilómetros cuadrados, pueda ser cedida a empresas privadas, tanto brasileras como de otros países, para su explotación forestal, farmacéutica y de la industria química. Además, propone dividir en bloques el 15% del territorio selvático, para que puedan ser explotados por empresas privadas en régimenes de concesión.

Así, las compañías podrán extraer de cada lote riquezas forestales, biológicas, resinas y frutos selváticos. El proyecto contempla que se pueda entregar en concesión hasta por 60 años dichas porciones de tierras, las cuales serán entregadas a través de licitaciones públicas. El número de hectáreas que saldrá a licitación aún no está definido, debido a que primero se debe hacer un inventario.

Se excluyen las reservas indígenas y parques nacionales, y se debe tomar alguna decisión respecto de aquellas tierras sobre las que existen dudas sobre su propiedad. La idea final es controlar a cero, o lo más cercano a cero, la destrucción ilegal del Amazonas.

¿Qué gana el estado brasileño?... Recibe pagos por parte de las compañías conce-sionarias, con los cuales se pretende avanzar en la elaboración e implementación de un proyecto de desarrollo económico para la selva.

Las condiciones de Greenpeace

Greenpeace también puso sus condiciones. De partida, antes de otorgar cualquier concesión, pidieron que se realice un proceso participativo en la región para zonificarla de manera que se asegure que las comunidades locales e indígenas no se vean afectadas. Además, el proceso anterior debe asegurar la protección de las áreas ecológicamente relevantes, las cuales deben estar totalmente protegidas.

Y ahí no termina la cosa. Greenpeace también pide que las áreas destinadas a la explotación forestal deben ubicarse en las zonas de expansión agrícola y de explotación maderera destructiva, y que un porcentaje significativo de las zonas que se den en concesión debe mantenerse intacto para poder evaluar los impactos y la intensidad adecuada de la explotación. Finalmente, la tremenda importancia del proyecto hace necesaria una dedicación y un control adecuados por parte de las autoridades ambientales y de la policía federal, lo que implica más personal, recursos y equipamiento.